En política, las decisiones suelen presentarse como consensos virtuosos, acuerdos estratégicos o apuestas al futuro. Pero el costo real de esas decisiones rara vez aparece en el momento en que se celebran.
En Villa María, esa lógica se repite una vez más con la cesión de 3 hectáreas de tierra pública en el PILT para la instalación de un nuevo campus de la Universidad Siglo 21. La medida fue acompañada por el oficialismo y la oposición sin mayores diferencias visibles, y se inscribe bajo la idea de “modernización urbana” y desarrollo educativo.
El convenio fue firmado el 17 de septiembre de 2024 en el campus que la propia institución posee en Córdoba. Participaron autoridades municipales y representantes de la universidad privada. El proyecto, celebrado de manera transversal por oficialismo y oposición, proyecta una inversión edilicia de aproximadamente dos millones de dólares y la construcción de más de 2.000 metros cuadrados: tres edificios iniciales, aulas, espacios de co-learning, un anfiteatro y un comedor universitario.
El discurso público es ordenado, casi impecable: educación, desarrollo, arraigo, futuro. Pero la política no siempre coincide con su propio relato.
Porque el dato que impone otra lectura del acuerdo es el valor del suelo cedido. Las 3 hectáreas entregadas por la Municipalidad tienen una estimación de mercado cercana a los 2.4 millones de dólares. Y allí aparece el punto de tensión que el consenso político prefirió no discutir demasiado.
Con ese mismo valor —según parámetros habituales de construcción de vivienda social básica— podrían haberse ejecutado alrededor de 100 unidades habitacionales de entre 40 y 50 metros cuadrados. Soluciones simples, sin sofisticación arquitectónica: uno o dos dormitorios, cocina comedor integrada, baño completo y construcción económica.
No es un detalle técnico. Es un dato político.
En Villa María hay aproximadamente 15.000 familias inscriptas en listas de espera para acceder a un plan de vivienda. Una demanda estructural, sostenida en el tiempo, que se acumula por encima de cualquier administración y que suele quedar al margen de las prioridades de la gestión.
En ese contexto, la decisión adquiere otra dimensión: no se trata solo de qué se construye, sino de qué se deja de construir.
La Universidad Siglo 21, encabezada por su fundador y presidente Juan Carlos Rabbat, se comprometio a desarrollar el campus en un plazo de hasta 30 meses, para cumplir el cargo establecido en la cesión. A cambio, además de la infraestructura educativa, la institución otorgará becas y medias becas cuya cantidad y criterios de distribución no fueron explicitados públicamente, quedando su orientación bajo la órbita del gobierno y el PILT.
Es decir: tierra pública hoy, beneficios educativos futuros, parcialmente definidos, sin precisión pública sobre su alcance.
El punto no es cuestionar la llegada de una universidad privada a la ciudad. De hecho, pocas decisiones pueden ser tan defendibles en términos generales como expandir la oferta educativa superior. El problema aparece cuando la ecuación entre lo que se entrega y lo que se recibe deja zonas grises difíciles de explicar en términos de interés público.
La pregunta, entonces, no es ideológica. Es aritmética.
¿Qué vale más para una ciudad con déficit habitacional estructural: destinar 3 hectáreas estratégicas de tierra pública a un proyecto privado o 100 viviendas sociales ?
El oficialismo y la oposición acompañaron la decisión sin diferencias visibles. Ese consenso, presentado como virtud institucional, también funciona como una forma de clausurar el debate sobre otras alternativas posibles.
La tierra pública no es un recurso neutro: su uso siempre implica una decisión política. Y esa decisión define qué problemas qué se priorizan y cuales se dejan de lado.
En este caso, el gobierno de Accastello optó por ceder tierras a un campus universitario privado. No por 100 viviendas. No por 100 soluciones concretas. No por una reducción inmediata de una lista de espera que supera las 15.000 familias.
Optó por otra cosa.
Por ceder gratuitamente 3 hectáreas de tierra pública en el PILT, valuadas en torno a los 2.4 millones de dólares.
Con ese mismo recurso podrían haberse construido alrededor de 100 viviendas sociales. En una ciudad con miles de familias en lista de espera. Priorizaron el negocio, ante la necesidad de la gente.