El allanamiento realizado el viernes pasado en la Legislatura de Córdoba por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación, encabezada por el fiscal Franco Mondino y autorizado por el juez de Control Gustavo Hidalgo, comenzó a encender alarmas que ya repercuten en la política local de Villa María y Villa Nueva. La medida se extendió durante varias horas y permitió secuestrar documentación clave vinculada a contratos, reglamentos internos y normas laborales dentro de la Unicameral, en el marco de una investigación por presuntas anomalías en contrataciones de personal.
La causa se desprende del expediente donde el legislador Guillermo Kraisman está imputado por defraudación a la administración pública, tras el intento frustrado de cobro indebido del primer sueldo de la empleada Virginia Martínez. Según la investigación, Kraisman y Luciana Castro habrían intentado apropiarse del salario utilizando el DNI de la trabajadora. Este episodio abrió la puerta a una pesquisa más amplia sobre contrataciones sospechosas y posibles “asesores fantasma”.
En ese contexto, dos nombres de la región quedaron en el centro de la escena: Franco Graglia y Lucas Alejandro Pagliero. Graglia, ex candidato a intendente de Villa Nueva que perdió por más de 20 puntos, consiguió tras su derrota un contrato en la Legislatura. Sin embargo, trabajadores del recinto aseguran que jamás lo vieron desempeñando funciones allí. Lo insólito es que, mientras figura como contratado, en pleno septiembre decidió vacacionar en Porto Seguro, uno de los destinos más exclusivos del nordeste brasileño, sin que haya registro de actividad laboral vinculada a la Unicameral.
El caso de Pagliero tampoco pasa desapercibido. De perfil ultra kirchnerista, fue una figura central en el equipo de Martín Gill tanto en el municipio villamariense como en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Pese a ello, empleados legislativos aseguran que nunca pisó el recinto a pesar de figurar como contratado, también bajo la modalidad de “trabajo remoto”, un recurso legal que en estos casos aparece como un evidente artilugio para justificar designaciones sin tareas conocidas.
Según pudo averiguar Soy Villa Nueva, los contratos de asesores legislativos varían entre 500 mil y 2 millones de pesos mensuales, dependiendo de la antigüedad y el vínculo político. Montos elevados que, sin embargo, no se condicen con ninguna actividad visible en los casos de Graglia y Pagliero. Todo pagado, claro, con dinero público. Con el dinero de los contribuyentes.
El avance judicial tras el allanamiento genera preocupación en los círculos políticos, donde ya se habla de posibles bajas de contratos si se confirma que existen irregularidades. La investigación recién comienza, pero los primeros indicios apuntan a un sistema de designaciones opaco y de favores políticos que podrían tener consecuencias graves para quienes aparecen en la nómina sin cumplir funciones.