Una nueva polémica envuelve al municipio de Villa María, tras la denuncia pública realizada por el tribuno de cuentas Maximiliano Romero, quien acusó al intendente Eduardo Accastello de haber generado una pérdida de 55 millones de pesos por el pago fuera de término de alquileres municipales, lo que habría derivado en el pago de intereses millonarios.
Según explicó Romero en redes sociales, “en diciembre de 2023 el alquiler era de $ 1.800.000, pero por no pagarlos a tiempo, terminaron abonando $4.800.000 en concepto de intereses. En total: $6.600.000 por algo que costaba menos de 2 millones”. Sin embargo, la denuncia no aclara quién o quiénes fueron los beneficiarios de dicha mora.
Más allá del tenor de la acusación, la ausencia de acciones judiciales vuelve a poner en discusión el rol de los opositores nucleados en Uniendo Villa María. Tanto Romero como el concejal Manuel Sosa protagonizaron en los últimos meses una seguidilla de denuncias en redes y medios, con alto impacto en la opinión pública pero nula repercusión en la Justicia.
Romero, quien percibe una dieta mensual cercana a los 3.5 millones de pesos, tiene como función el control de las cuentas municipales. Sin embargo, sus intervenciones suelen reducirse a denuncias mediáticas. En el caso de Sosa, la situación es aún más llamativa: reside en Villa Nueva, tributa en esta ciudad y cobra una dieta como concejal de Villa María, lo que plantea serios interrogantes sobre su legitimidad como representante de vecinos villamarienses.
En conjunto, ambos dirigentes perciben mensualmente sumas que rozan los 10 millones de pesos, mientras que sus intervenciones se limitan a declaraciones altisonantes.
La situación expone una doble cara del funcionamiento institucional local: por un lado, la posible falta de transparencia y administración negligente del oficialismo a cargo de Eduardo Accastello; y por otro, una oposición representada por Sosa y Romero, que encontró en la denuncia mediática, un atajo poco efectivo para garantizar la rendición de cuentas.
Mientras tanto, los vecinos que pagan religiosamente sus impuestos…asisten a un juego de acusaciones cruzadas sin que ninguna de las partes, asuma el compromiso institucional que se espera de los cargos que la sociedad les ha encomendado.