El intendente Ignacio Tagni en diciembre pasado modificó el organigrama municipal a través de un decreto que reconfigura la estructura del Ejecutivo local. Uno de los cambios más significativos fue la eliminación de la Jefatura de Gabinete y la creación de la Secretaría General, que quedó en manos de su pareja, la abogada Justina Pucci.
Este nuevo esquema concentra en una sola persona el control de áreas claves del municipio, lo que genera cuestionamientos desde el punto de vista de la ética pública y la transparencia. Más teniendo en cuenta los cuestionamientos realizados por Tagni en el pasado a Graglia por nombrar a su hermano Franco, Subsecretario.
La flamante Secretaría General, máximo organismo después de la Intendencia, absorberá la Subsecretaría General, la Dirección de Relaciones Públicas e Institucionales, la Dirección de Prensa, Difusión y Comunicaciones, la Dirección de Personal, la Jefatura de Mesa de Entrada y la Subsecretaría de Gestión. Todo esto con un presupuesto total de $669.721.360 (seiscientos sesenta y nueve millones setecientos veintiún mil trescientos sesenta) pesos.
Otro cambio dentro de esta estructura es la renuncia de Marcos Tagni al cargo de Subcoordinador de la Jefatura de Gabinete para asumir como Subsecretario de Gestión, reforzando aún más la presencia de la familia Tagni en la cúpula del gobierno municipal.
¿Concentración de poder o eficiencia administrativa?
Si bien desde el oficialismo argumentan que los cambios buscan mayor eficiencia en la gestión, la realidad es que la nueva estructura deja en manos de una familia el control total del municipio. Tres cargos muy importantes están ocupados por personas de un mismo círculo íntimo, eliminando cualquier contrapeso interno y debilitando los mecanismos de control.
La Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (25.188) establece que los funcionarios deben actuar con transparencia y evitar situaciones que generen conflictos de interés. Aunque en Villa Nueva no exista una normativa que impida esta situación, la concentración de poder en una misma familia puede ser vista como una forma de nepotismo, afectando la imparcialidad en la toma de decisiones y el manejo de los recursos públicos.
Hasta el momento, ni el Concejo Deliberante ni organismos de control han cuestionado esta reorganización, pero la pregunta sigue abierta: ¿es ético que la gestión municipal quede en manos de un núcleo familiar?