Un informe elaborado por la consultora Russell Bedford, firmado por el contador Juan López Forastier, expone serias irregularidades en la administración del ex intendente Martín Gill durante los años 2022 y 2023 en la Municipalidad de Villa María. Este documento de 27 páginas detalla un manejo administrativo plagado de inconsistencias que podrían derivar en consecuencias legales.
El fiscal de instrucción René Bosio ya analiza el contenido de la auditoría. Si bien por ahora es solo un informe contable, no se descarta que las irregularidades detectadas puedan transformarse en una causa penal si se comprueba la existencia de delitos contra la administración pública.
El informe revela un panorama de caos contable. No se registraron asientos de apertura y cierre de ejercicio en el libro diario, los registros carecen de correlatividad y se detectan movimientos en días no laborables, como fines de semana y feriados. Además, se señala que el sistema contable permitió asientos que no balancean, generando datos financieros inconsistentes.
Entre los hallazgos más notorios se encuentra una diferencia de $2.336.728.095,05 entre el arqueo de caja realizado en diciembre de 2023, días antes de la asunción del nuevo intendente, y los saldos contables registrados. Esta discrepancia fue una de las primeras señales que llevaron a declarar la emergencia económica en la ciudad.
El informe también destaca otras irregularidades significativas:
- Falta de conciliación bancaria.
- Diferencias de $570.494.912,01 entre los saldos bancarios y los registros contables.
- Ausencia de informes sobre causas judiciales en las que la Municipalidad está involucrada.
- Falta de un inventario detallado de bienes de uso.
- Pasivos laborales y deudas con la Provincia sin respaldos claros.
Una sombra sobre la administración Gill
Una de las observaciones más inquietantes es que desde 2015 no se aprobaron los balances municipales. Esto implica que las inconsistencias podrían extenderse más allá de los dos años analizados, agravando la situación.
El documento ya fue entregado a concejales y tribunos de todos los partidos políticos, lo que genera expectativas de un profundo debate político y administrativo. La magnitud de los desequilibrios contables no permite atribuirlos únicamente a errores o descuidos, y abre interrogantes sobre la intencionalidad detrás de estas acciones.
La Justicia deberá determinar si las irregularidades detectadas se limitan al ámbito administrativo o si abre una causa penal contra las autoridades de la gestión de Martín Gill, entre ellos la contadora Daniela Lucarelli. Mientras tanto, el informe es un punto de partida para esclarecer las responsabilidades en uno de los capítulos más polémicos de la administración pública de Villa María. Ampliaremos…