La concejal Natalia Gonzáles solicitó a la Secretaría de Prevención, Seguridad y Convivencia de Villa María reforzar “de manera urgente” la señalética y las acciones informativas vinculadas a los nuevos límites de velocidad que comenzarán a regir desde el 1 de marzo.
La edil argumentó que la medida debe implementarse con cartelería visible en avenidas y accesos, además de campañas de concientización en territorio, para evitar confusión entre vecinos y conductores.
Gonzáles sostuvo que el objetivo principal debe ser preventivo y no recaudatorio, y remarcó que no debería avanzarse con sanciones sin una adecuada difusión previa. Incluso mencionó arterias donde —según afirmó— no se observa señalización actualizada, lo que generaría incertidumbre.
El planteo, sin embargo, reabre una reciente polémica. Meses atrás, Natalia Gonzáles, alineada políticamente a Darío Capitani, fue cuestionada públicamente por estacionar en un espacio reservado para personas con discapacidad, hecho que generó críticas y debate sobre el cumplimiento de las normas por parte de los funcionarios. Con el agravante que no pagó la multa correspondiente, como cualquier hijo de vecino.
En ese marco, su pedido de reforzar la señalética vuelve a poner sobre la mesa la discusión acerca de la coherencia politica, entre «lo que se dice» y lo «que se hace».
La seguridad vial no solo depende de carteles y controles, sino también del ejemplo de quienes ocupan cargos públicos.