El encargado de Compras de la Municipalidad de Villa Nueva, Mariano Lafurcada, salió en redes a descalificar una nota periodística de Soy Villa Nueva sobre el decreto con el que el intendente Ignacio Tagni se designó a sí mismo como Jefe del Registro Civil.
Lo hizo acusando falsamente a este medio de “mentir”, pero omitiendo un detalle fundamental: fue él mismo quien, en reiteradas oportunidades, se negó a brindar información pública sobre contrataciones, pagos y gastos millonarios de la Municipalidad.
Lafurcada, cuando ocupó el cargo de Tribuno de Cuentas, rechazó pedidos de acceso a la información vinculados a los pagos por 100 millones de pesos que exigía Juan Scibaldi —el supuesto testaferro del exsecretario de Obras Públicas, Carlos Alberto Piccolini— y también evitó informar sobre las contrataciones directas a la empresa Arrow S.A., propiedad de Villanueva, ex esposo de Justina Pucci, actual pareja de Tagni y secretaria general del Municipio.
Resulta llamativo que un funcionario que incumplió su deber de control y transparencia ahora intente cuestionar el trabajo de la prensa independiente, que se limita a exponer hechos verificables, como el Decreto N°1036/25, firmado por el propio intendente.
El documento existe, está fechado el 29 de septiembre y designa a Tagni como Primer Jefe del Registro Civil y al secretario de Gobierno, Amael Saúl, como Segundo Jefe. La discusión no es legal —porque la ley provincial ya establece esa jerarquía— sino ética y política: ¿por qué emitir un decreto innecesario, sin aclarar si se trata de un trámite ad honorem, y luego atacar a quienes lo difunden?
Además, el decreto podría sentar un precedente peligroso: si cada intendente comienza a dictar normas para “designarse” en cargos que ya le son conferidos por ley, se abre la puerta a usos discrecionales de la normativa y a posibles compensaciones futuras bajo el amparo de un acto administrativo formal.
En lugar de brindar explicaciones claras a la ciudadanía, el gobierno municipal responde con agresiones y operaciones contra medios y periodistas, demostrando un preocupante patrón de intolerancia hacia la prensa libre y crítica.
La transparencia no se declama: se practica. Y quienes administran fondos públicos deberían ser los primeros en respetarla.