La Municipalidad de Villa Nueva continúa sin cumplir con el cupo laboral destinado a personas con discapacidad, establecido tanto en la legislación nacional como provincial. Días atrás, desde Soy Villa Nueva publicamos la nota “La inclusión como marketing político”, en la que se veía al intendente Ignacio Tagni abrazando y besando a personas con discapacidad en un boliche que, paradójicamente, que no cumple con las mínimas normas de accesibilidad.
La publicación se viralizó rápidamente: más de 40 mil personas interactuaron con ella y centenares dejaron sus opiniones, tanto a favor como en contra de la política municipal de “inclusión”. Sin embargo, más allá de la gestualidad y las fotos, lo cierto es que Villa Nueva no tiene una política integral en materia de discapacidad. Las denominadas “noches inclusivas” pueden ser un gesto simbólico, pero de ningún modo suplantan la necesidad de políticas públicas sostenidas, con presupuesto, planificación y participación real de las personas con discapacidad.
Durante la gestión anterior, encabezada por Natalio Graglia, existían los mismos programas que hoy —y alguno más—, como las montas recreativas que el gobierno anterior presentaba como “equinoterapia”. Todo eso fue desmantelado por la actual administración, bajo el argumento de que “no hay plata”. Sin embargo, esa justificación pierde fuerza cuando el municipio destina 345 millones de pesos a la empresa privada La Estrella, propiedad de Juan Carlos Odriozola, para operar un servicio de transporte urbano que circula prácticamente vacío y que resulta excesivamente costoso para los pocos usuarios que lo utilizan.
La Ley Nacional N° 22.431, junto a su modificatoria Ley N° 25.689, establece que el Estado nacional debe garantizar un cupo laboral mínimo del 4 % para personas con discapacidad dentro de la administración pública. En el ámbito de la provincia de Córdoba, la Ley N° 5.624, modificada por la Ley N° 8.834, eleva ese porcentaje al 5 %, obligando al Estado provincial, sus organismos, empresas y concesionarias a cumplir con dicha proporción. Sin embargo, ni durante los ocho años de gestión de Natalio Graglia ni en los casi dos de Ignacio Tagni esa obligación legal se ha cumplido.
En cambio, la administración anterior impulsó con fuerza el cumplimiento del cupo laboral trans, una medida positiva en materia de género, pero que relegó un derecho más antiguo y plenamente exigible por ley: el acceso al empleo público de las personas con discapacidad.
Mientras tanto, la vecina ciudad de Villa María, cumple holgadamente el cupo laboral e incluso amplía sus políticas de inclusión mediante convenios con instituciones, programas de capacitación y obras de accesibilidad en espacios públicos.
El intendente Ignacio Tagni tiene por delante dos años más de mandato, suficiente tiempo para pasar del marketing político a las políticas públicas reales. Cumplir con el cupo laboral por discapacidad no es una opción ni un gesto: es una obligación legal, moral, y una deuda que Villa Nueva mantiene con uno de los sectores más postergados de la sociedad.
