Villa Nueva carga con una década marcada por el manejo discrecional de fondos públicos y la ausencia de respuestas claras a los múltiples señalamientos de corrupción. Lo ocurrido en la Secretaría de Obras Públicas durante la gestión del ex intendente Natalio Graglia es apena un botón de muestra.
Para poner en contexto: el entonces secretario del área, Carlos Alberto Piccolini, asumió en 2014 de la mano de Guillermo Cavagnero y se mantuvo en funciones hasta el final del gobierno de Graglia. Proveniente de un hogar humilde de barrio La Floresta y con antecedentes laborales como expendedor de combustible en Villa María, Piccolini dejó la administración pública para convertirse automáticamente, en un empresario del transporte, con una flota de camiones propia y múltiples bienes de alto valor.
El mecanismo denunciado fue siempre el mismo: direccionamiento de obras a favor de un reducido grupo de contratistas, casi siempre a Juan Pablo Scibaldi, señalado como su supuesto testaferro, con sobreprecios escandalosos en cada contratación. Ese dinero, que debería haber mejorado la infraestructura de Villa Nueva, habría terminado engrosando patrimonios personales.
La sombra de estas maniobras se hizo más evidente cuando, apenas asumió Ignacio Tagni como intendente, Scibaldi se presentó en el municipio con facturas por 100 millones de pesos. A la fecha, se desconoce si fueron pagadas. El pedido de acceso a esa información pública realizado por Soy Villa Nueva fue rechazado tanto por los tribunos oficialistas: Sofía Bottaro y Mariano La Furcada (hoy ejerciendo funciones como encargado de compras), y de la oposición: Adriana Allasia de Cavagnero, en un claro retroceso en materia de transparencia institucional.
Mientras tanto, luego de dejar el cargo municipal, Piccolini apareció como socio fundador de GESCAP S.A.S., una firma inscripta en abril de 2024 en Arroyo Algodón, dedicada al transporte de cargas, la construcción y hasta la explotación agropecuaria. La sociedad, con un capital inicial de 560 mil pesos por socio, comparte titulares con Germán Horacio Suárez, allegado al entorno de los Graglia.
La contradicción es evidente: con salarios públicos apenas superiores a una jubilación mínima, resulta imposible justificar la adquisición de camionetas, automóviles, motocicletas de alta gama, viajes exclusivos y una moderna flota de camiones. La justicia debería indagar cómo se construyó esa fortuna en tan pocos años.
El propio intendente Tagni denunció ante la Justicia una supuesta “usina de facturas truchas” durante la era Graglia, con un perjuicio que rondaría los 500 millones de pesos. Sin embargo, aún falta avanzar sobre otro punto clave: los sobreprecios sistemáticos en la Secretaría de Obras Públicas bajo la gestión de Carlos Alberto Piccolini.
En Villa Nueva, la corrupción no es solo un recuerdo del pasado. Es una herida abierta que sigue sin respuestas y donde lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones y el futuro de los recursos que pertenecen a todos los vecinos.
La Justicia debe actuar con firmeza, investigar a fondo y dar explicaciones a una sociedad que ya no tolera el silencio, ni la impunidad.
