La gestión del intendente Ignacio Tagni suma un nuevo capítulo que pone en tela de juicio su compromiso con la transparencia. Esta vez, la polémica gira en torno a la contratación del abogado Héctor Rubén Oses, un viejo amigo de la familia Tagni, mediante un convenio de honorarios cuyo monto no fue informado en el Boletín Oficial, en clara contradicción con la práctica habitual del municipio.
El Decreto 0222/25, fechado en marzo de este año, da cuenta de la contratación de Oses para brindar asesoramiento jurídico a la Municipalidad de Villa Nueva. El texto menciona un “Convenio de Honorarios por Asesoramiento Jurídico” firmado el 18 de febrero de 2025, pero omite el dato clave: cuánto cobrará el profesional por sus servicios. Una omisión llamativa, ya que en todos los convenios anteriores firmados por el propio Tagni, especifica el monto acordado.

La relación entre Oses y la familia del intendente no es nueva. Antes de asumir la gestión pública, Ignacio Tagni y su hermano Marcos —actual funcionario municipal— realizaron trabajos en el estudio jurídico de Oses, ubicado en calle General Paz 481 de Villa María.

Lo paradójico es que, a pesar de contar con un equipo completo de abogados en el Estado municipal —la mayoría de ellos ex socios del propio Tagni—, decidió contratar a un viejo conocido para un asesoramiento adicional, sin informar cuánto le costará a las arcas municipales.
Entre los funcionarios que provienen del entorno privado del intendente se encuentran Marcos Gustavo Atienza, designado como Procurador Municipal a fines de 2024, quien fue socio de Tagni y de su pareja Justina Pucci en un estudio jurídico con sede en la planta alta de Entre Ríos y cortada Garibaldi, también en Villa María. A Atienza lo acompañan otros dos ex socios: Gastón Alberto Nicola, también nombrado Procurador, y Lisandro Ponte, asesor legal. En total, ya son al menos cinco los ex socios y amigos íntimos del intendente que ocupan puestos clave en la estructura municipal y podrian haber intervenido.
La Procuraduría tiene un rol central: está a cargo del cobro judicial y extrajudicial de tributos municipales, con amplias facultades para iniciar demandas, ordenar embargos y firmar acuerdos.

El proceder en el caso Oses no es aislado. En abril, la Resolución 0017/24 del Boletín Oficial generó sospechas cuando se declaró prescripta una deuda de Tasa de Comercio e Industria acumulada durante 12 años, sin revelar la identidad del contribuyente. Luego se supo que el beneficiado era el hermano mellizo del intendente, Marcos Tagni, quien además es funcionario público. La omisión de su nombre en la resolución contrasta con otras similares donde sí se identifican a los titulares de las cuentas, lo que alimentó la sospecha de una maniobra encubierta.
Estos hechos refuerzan la percepción de una gestión signada por la discrecionalidad, donde los intereses particulares se superponen al interés público. Y mientras se ocultan cifras y se reparten cargos entre allegados, lo que sigue sin saberse es cuánto le cuesta todo esto a los vecinos de Villa Nueva.
