Hace una semana, un episodio ocurrido en el predio del ex Matadero de Villa Nueva generó una fuerte repercusión política, amplia cobertura mediática e intento ser rápidamente capitalizado por la oposición que conduce el ex intendente Natalio Graglia. El hecho en cuestión fue el desalojo de una mujer, sus siete hijos y un nieto que se encontraban ocupando el lugar.
Desde el punto de vista legal, no hay discusión: el municipio actuó conforme a derecho. La familia había tenido posesión del predio en 2023, pero lo abandonó llendose a otra provincia, perdiendo así cualquier derecho posesorio. Al intentar retomar la ocupación, se configuró el delito de usurpación. La intervención judicial y municipal fue, en ese sentido, acorde al marco normativo.
Sin embargo, el foco del conflicto y las críticas se trasladaron rápidamente al rol del área de Desarrollo Social, que conduce David Ruiz. Tras el desalojo, el municipio no ofreció ningún tipo de contención ni asistencia a los ocho niños y su madre, quienes literalmente quedaron en situación de calle. La única respuesta concreta provino de una referente barrial que, desde su merendero, brindó ayuda inmediata y desinteresada.
En este contexto, la oposición intentó aprovechar la situación para posicionarse políticamente. Sin embargo, la actitud de Natalio Graglia, también merece ser cuestionada, ya que cuenta con herramientas y programas a disposición en la órbita de la Provincia, pero no articuló ninguna ayuda concreta en este caso. Sólo se limitó a opinar, como quien dice “sacar rédito político con la desgracia ajena”.
Durante su propia gestión como intendente, Graglia enfrentó casos similares. En una oportunidad, envio a una familia numerosa a vivir en una villa miseria en la ciudad de Córdoba. En otra, desalojó por la fuerza, en un claro abuso de autoridad y sin intervención de la justicia, a vecinos que tenían un rancho en un terreno detrás del Centro Vecinal de barrio La Floresta. Uno de ellos, Gustavo Orellano, quien vivió casi una década debajo del Puente Amarillo, sin recibir ayuda del Estado municipal.
Fue recién en la actual gestión, y por la labor particular de Sergio “Cacho” Aguilar, que Gustavo fue reubicado en una vivienda digna frente a la iglesia del padre Hugo. Un gesto concreto que contrasta con años de omisión de la gestión Graglia.