La Universidad Nacional de Villa María (UNVM) parece haber olvidado su propio Protocolo para prevenir, abordar y sancionar la violencia de género. A pesar de estar imputado en una causa judicial por violencia de género, el ex intendente Martín Gill actualmente dicta clases en la casa de altos estudios.
El 19 de marzo de 2023, Lourdes Astudillo, de 39 años, denunció por violencia de género a Martín Gill, ex intendente de Villa María y entonces funcionario del gobierno de la provincia de Córdoba. Astudillo relató ante la justicia que Gill la indujo a practicarse un aborto, lo que desató un escándalo que lo obligó a renunciar, meses después, a su cargo como ministro de Cooperativas y Mutuales del gobierno de Martín Llaryora.
A fines de junio de 2025 se esperaba el inicio del juicio que debía determinar su culpabilidad o inocencia. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Río Tercero falló a favor de Martín Gill, frenando el avance del proceso y devolviendo la causa a la fiscalía. El fallo —calificado por diversos sectores como “político”— anuló la declaración de una testigo detenida por presunto falso testimonio y aceptó una prueba previamente rechazada por el juzgado de primera instancia. Esto provocó la suspensión del juicio oral y reabrió una etapa de evaluación probatoria.
En paralelo a esta dilación judicial, Martín Gill continua sus funciones como docente en la Universidad Nacional de Villa María. Lo llamativo —y alarmante para muchos— es que la universidad cuenta desde 2018 con un Protocolo para Prevenir, Abordar y Sancionar la Violencia de Género. Dicho protocolo establece claramente que las personas denunciadas por este tipo de hechos no pueden ejercer cargos en ámbitos donde puedan vulnerar derechos o generar situaciones de revictimización.
El caso resulta aún más controvertido al recordar que en septiembre de 2022, en aplicación de ese mismo protocolo, la UNVM expulsó sin “peros” al profesor de Historia Daniel Marcelo Amicci, acusado de violencia de género durante un examen. En ese entonces, el rector Luis Negretti tomo un alto perfil y afirmó que la decisión “restablece un orden alterado” y que se había actuado con objetividad y respeto por el debido proceso. Incluso asumió su responsabilidad institucional por no haber evitado la situación.
Hoy, ante un caso de mucho mayor conocimiento público y gravedad, la universidad guarda silencio. Ni el rector Negretti, ni el Consejo Superior dieron explicaciones sobre la continuidad de Gill como docente, pese a estar imputado y con un proceso judicial abierto.
Una situación poco entendible: ¿por qué se aplica el protocolo para unos sí y para otros no? ¿Existe un doble estándar que protege a figuras con poder político? Esta situación pone en crisis no sólo la credibilidad de las autoridades de la UNVM, sino la legitimidad de las políticas institucionales de género.
Mientras tanto, la causa judicial contra Martín Gill continúa.