El ex candidato a intendente de Villa María, Leandro Moroncini, denunció públicamente este viernes una serie de presuntas irregularidades en el accionar de la Fiscalía de Segundo Turno, a cargo de la fiscal Juliana Companys, en el marco de una causa penal que, según indicó, afecta directamente a su familia y a él.
En un comunicado difundido a la prensa, Moroncini manifestó su “profunda preocupación” por lo que considera una “flagrante inacción judicial” y un “incumplimiento de los plazos legales” en el proceso, en el cual su hijo permanece detenido desde hace 33 días, sin que —afirma— se haya tomado su declaración indagatoria ni se haya permitido a la defensa acceder completamente al expediente.
“El proceso judicial está plagado de irregularidades y con una clara intencionalidad”, denunció Moroncini, quien sostuvo que no fue notificado formalmente de una orden de restricción dictada en su contra. Asegura que esta situación vulnera su derecho de defensa y podría configurar una maniobra con un trasfondo político.
Entre los delitos que —según expresó— podrían haber sido cometidos por funcionarios judiciales, menciona abuso de autoridad, coacción, falsedad ideológica, violación de domicilio, obstrucción a la justicia, privación ilegítima de la libertad y violación de garantías constitucionales, entre otros.
“Como ciudadano con un compromiso con la transparencia y la justicia, no busco venganza, sino la depuración de las instituciones y la garantía de un proceso justo para todos”, declaró.
Moroncini también informó que este viernes a las 9:30 presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Tercer Turno, a cargo del fiscal René Bosio, para que se investigue el accionar del Ministerio Público en esta causa. Reclamó que, de comprobarse irregularidades, se tomen medidas disciplinarias y se evalúe la continuidad de la fiscal Companys en su cargo.
Por último, solicitó a los medios de comunicación el respeto por la sensibilidad del caso y su decisión de no divulgar públicamente los detalles específicos del expediente, al tiempo que reafirmó su confianza en que las autoridades competentes “tomarán cartas en el asunto y garantizarán el respeto por la ley y los derechos de todos los ciudadanos”.