Hay una diferencia entre un error administrativo y un sistema. Los errores ocurren una vez. Los sistemas se repiten. Y cuando los documentos oficiales empiezan a mostrar el mismo patrón una y otra vez, ya no alcanza con hablar de casualidades. Es una matriz de corrupción.
La Orden de Compra N.º 06015/2025 muestra que la Municipalidad de Villa María pagó $28.530.000 a la Cooperativa de Trabajo 26 de Septiembre Ltda. por la “recolección de restos secos”. Sin embargo, según pudo reconstruir Soy Villa Nueva, habría correspondido a la limpieza de un microbasural en la costanera, detrás de la fábrica Chiantore, a partir de un reclamo ingresado al 147.
Casi treinta millones de pesos. Por contratación directa. Para retirar un micro basural. La orden, escueta, especifica más de 3 m2.
Pero el monto deja de ser el único dato escandaloso cuando aparece el nombre de quien debía controlar ese servicio.
La Cooperativa 26 de Septiembre ya acumula alrededor de 650 millones de pesos facturados al municipio. Y la supervisión de esos trabajos depende exlusivamente de la Subsecretaría de Servicios Públicos, encabezada por Rubén Aquiles, un dirigente que años atrás denunciaba públicamente a Eduardo Accastello por presuntos hechos de corrupción y que hoy administra uno de los sectores con mayor volumen de contrataciones.
El problema adquiere otra dimensión cuando se revisan los vinculos y la documentación incorporada a una investigación judicial que duerme en la Fiscalía de Silvia Maldonado.
En ese expediente se describe una relación personal y económica entre Aquiles y Juan Pablo Scibaldi, apoderado de la Cooperativa 26 de Septiembre. Entre las pruebas contundentes figura un informe de la Dirección General de Rentas que identifica un Citroën C3 Aircross, dominio AG664EQ, inscripto a nombre de Scibaldi y que, según esa documentación judicial, era utilizado habitualmente por el propio Aquiles.
Traducido al lenguaje más sencillo: el funcionario encargado de controlar a la cooperativa:Ruben Aquiles, aparece mencionado en una causa judicial por un vínculo con quien representaba a esa misma cooperativa: Juan Pablo Scibaldi.
Y los papeles siguen hablando.
La Orden de Compra N.º 05953/2025 muestra otro pago escandaloso. El 15 de diciembre de 2025, el municipio abonó $9.530.000 a la misma cooperativa por el concepto “Servicio de transporte de maquinaria desde CUGA a CGA”.
El recorrido unia el predio de la ex Daleci con el Centro de Gestión Ambiental, camino a Ana Zumarán. Apenas unos diez kilómetros.
Transportistas especializados consultados por este medio sostienen que un traslado de esas características tiene un costo de mercado muy inferior al abonado por la Municipalidad, incluso contemplando operador, carga, descarga y logística. Según pudo conocer Soy Villa Nueva, el servicio habría consistido en mover una única máquina.
¿Treinta millones por levantar un microbasural en un día? ¿Casi diez millones por un flete de diez kilómetros? Las cifras no cierran. Y cuando los números dejan de cerrar, lo que empieza a abrirse son las sospechas.
Este ya no es un debate sobre la basura ni el transporte. Es un debate sobre cómo se administra el dinero de los vecinos.
No alcanza con decir que un subsecretario debía controlar. Tampoco alcanza con señalar al contratista que facturó. La responsabilidad política tiene un solo destinatario final: Eduardo Accastello.
Es el intendente quien firma el rumbo de una gestión. Es quien debe garantizar controles reales, evitar conflictos de intereses y proteger cada peso que sale de las arcas municipales.
La corrupción no siempre necesita una condena para despertar indignación. A veces, solo alcanza con leer los expedientes.
Porque los documentos no militan. No hacen política. No opinan. Simplemente cuentan cuánto se pagó, quién cobró, quién debía controlar y quién tenía la obligación de responder.