El intendente Eduardo Accastello presentó ayer su informe de gestión. Habló de obras, seguridad, inteligencia artificial, luces LED, pavimento y del futuro que imagina para Villa María. Pero hubo un tema que esquivó por completo: la corrupción.
Ni una palabra sobre la presunta cooperativa vinculada a Juan Scibaldi, que ya lleva facturados más de 606 millones de pesos al Municipio. Ni una explicación sobre las contrataciones a la presunta empresa atribuida a Verónica Vivó y su esposo, el convicto Jorge “Pampero” Barrera. Tampoco sobre los polémicos 120 millones de pesos destinados a la compra de banderas.
Silencio absoluto también sobre la obra más costosa de su gestión, prevista para 2026: en el Centro de Transferencia, con un presupuesto superior a los 7.130 millones de pesos, ejecutado mediante un ente que controlan síndicos que responden al propio Accastello y a Darío Capitani, evitando así controles del Tribunal de Cuentas y adjudicado a empresas de Río Tercero y General Cabrera. Ninguna local.
Tan llamativo como el discurso fue el comportamiento de la oposición. Concejales sentados en primera fila, aplaudiendo. Control político, ninguno.
Y la otra gran ausencia fue la del periodismo crítico. La mayoría de los medios locales eligió reproducir el relato oficial sin una sola pregunta incómoda. En una ciudad donde el reparto de pauta oficial ronda cifras cercanas a los mil millones de pesos, el silencio también tiene explicación.
La corrupción no desaparece porque un intendente decida no nombrarla. Sigue ahí. Consume recursos, degrada las instituciones y les roba oportunidades a los vecinos.
Sepa, intendente Accastello, una ciudad no se mide solamente por la cantidad de cuadras asfaltadas. También se mide por el valor de sus controles. Y cuando nadie pregunta, nadie controla y nadie responde, el verdadero problema ya no es el discurso: es el silencio y la corrupción.