El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, entregó una distinción institucional al Dr. Abel Sánchez Torres, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, por su trayectoria en el Poder Judicial.
El acto, cargado de elogios sobre la vocación de servicio del magistrado, fue difundido en redes sociales por el municipio y por la legisladora Verónica Navarro, pareja de Accastello también involucrada en una causa judicial vinculada a una financiera ilegal. Que desató un terremoto político hace más de una década en Córdoba.
Lo que no se dijo en ese homenaje es que el juez condecorado podría ser quien tenga la última palabra en una causa que aún salpica al propio intendente. Se trata del expediente por lavado de activos que investiga el origen de 290 mil dólares encontrados en un cofre de la financiera trucha CBI Cordubensis, vinculada a maniobras delictivas de gran escala en Córdoba.
Según la investigación judicial, el dinero —unos 290 mil dólares— se hallaba en las cajas de seguridad n.º 38 y 39 de la financiera CBI Cordubensis, registradas a nombre de Fernando Boldú, colaborador cercano al actual intendente. Sin embargo, ambas contaban con autorización firmada por Eduardo Accastello para poder acceder a su contenido. La causa, que pasó por diferentes instancias judiciales, fue reasignada al fuero federal por orden de la Cámara de Casación Penal, y está actualmente en manos del juez Miguel Vaca Narvaja y del fiscal federal Enrique Senestrari.
En caso de que Senestrari impulse una indagatoria o procesamiento contra Accastello o su entorno —incluida su pareja Verónica Navarro —, la defensa puede apelar. Y allí es donde entra la figura del agasajado: la Cámara que preside Sánchez Torres será la encargada de confirmar o revocar esa decisión.
La delicada trama deja abierto un interrogante inevitable:
¿Es apropiado que un intendente con causas pendientes por supuesta corrupción condecore públicamente a un juez que puede definir su futuro penal?