La Legislatura de la Provincia de Córdoba es, en términos estructurales y presupuestarios, una verdadera maquinaria burocrática con escasa producción propia. Según un informe de el diario La Voz, en 2024, de las 79 leyes aprobadas, el 97% provino del Poder Ejecutivo, dejando en evidencia la falta de iniciativa de los 70 legisladores que ocupan sus bancas. ¿Para qué mantener semejante estructura si su labor es casi nula?
El cuerpo legislativo cordobés cuenta con 1.730 empleados, lo que representa un promedio de 25 trabajadores por legislador. Entre estos se encuentran 343 asesores directos, 711 asistentes legislativos no permanentes, 287 monotributistas y 389 empleados de planta permanente.
Lo preocupante no es solo la cantidad de personal, sino el uso que se le da. Si de las pocas leyes que se sancionan, la gran mayoría son redactadas por el Ejecutivo, la pregunta es inevitable: ¿Cuál es el rol real de estos legisladores y su ejército de asesores?
Las cifras económicas también son escandalosas. Para el año 2025, el presupuesto de la Legislatura será de $36 mil millones, el equivalente a un tercio de lo que costará la nueva cárcel de máxima seguridad para mil detenidos. En un contexto de ajuste y crisis económica, mantener esta estructura burocrática ineficiente es un verdadero despropósito.
A nivel local, los representantes en la Legislatura son Verónica Navarro, Karina Bruno y Alfredo Nigro, cada uno con cinco asesores. A pesar de contar con este equipo de apoyo, su impacto legislativo es prácticamente imperceptible. No se conocen proyectos significativos impulsados por ellos, ni mucho menos iniciativas que realmente marquen una diferencia en la vida de los cordobeses.
Desde el despacho de Myrian Prunotto, vicegobernadora y presidenta del cuerpo legislativo, se argumenta que el gasto en el inicio de su gestión representaba el 0,4% del presupuesto provincial y ahora se redujo al 0,36%. Sin embargo, el problema no es solo el porcentaje del gasto, sino la justificación del mismo. Aún reduciendo levemente su impacto en las arcas públicas, el costo de esta estructura sigue siendo injustificable cuando su productividad es prácticamente nula.
La Legislatura de Córdoba se ha convertido en un refugio para la política, un verdadero aguantadero que poco y nada aporta al desarrollo de la provincia. Es hora de repensar el rol de nuestros representantes y exigir que la política esté al servicio de la ciudadanía, y no de sí misma.
Debería antes de publicar un artículo como el anterior, investigar qué proyecto presentaron los legisladores, yo respondo x el legislador radical, Alfredo Nigro, puedo decirle que ha presentado proyectos de ley y resoluciones. Debería también interiorizar que hacen la vice gobernadora y los legisladores Llaryoristas con los proyectos que han sido presentados por la oposición, lo que es de público y notorio.