En la política argentina —y su capítulo inagotable en el interior profundo— hay una constante que atraviesa gobiernos, gestiones y discursos: la distancia entre la denuncia estridente y la resolución efectiva. Villa Nueva parece haber quedado atrapada, una vez más, en ese pliegue incómodo donde el poder se investiga a si mismo… y se demora.
El 21 de julio de 2025, el intendente Ignacio Tagni decidió avanzar con una denuncia penal de alto voltaje contra la administración de su antecesor, Natalio Graglia. El núcleo de la acusación era explosivo: la presunta existencia de facturas apócrifas por aproximadamente 500 millones de pesos, una cifra que, en cualquier escala municipal, sugiere algo más que desprolijidad administrativa.
El señalamiento no era abstracto. Apuntaba directamente a áreas sensibles del manejo de recursos públicos, con nombres propios como el del ex secretario de Obras Públicas, Carlos Alberto Piccolini, y la ex secretaria de Economía, Vanesa Ciarroca.
En ese momento, la denuncia prometía abrir una grieta profunda en la narrativa oficial, ponía en crisis la versión de prolijidad administrativa y colocaba a la Justicia frente a la obligación de confirmar —o desmentir— un posible esquema sistemático de desvío de fondos en perjuicio de los villanovenses.
Dos meses después, en septiembre, la causa mostró un atisbo de movimiento. El fiscal de tercer turno, René Bosio, ordenó una serie de allanamientos simultáneos que incluyeron domicilios particulares y la incautación de dispositivos electrónicos. La escena judicial parecía alinearse con la gravedad de los hechos denunciados: documentación secuestrada, teléfonos peritados, nombres bajo sospecha.
Pero ese impulso inicial se desvaneció.
A casi diez meses de aquella denuncia, el expediente parece haber ingresado en una zona de penumbra. No hay imputaciones firmes, no hay conclusiones periciales conocidas y, lo más llamativo, no hay certezas sobre el punto de partida: si esas facturas eran, efectivamente, apócrifas. La pregunta elemental —¿existieron los proveedores?, ¿se prestaron los servicios?, ¿los comprobantes son auténticos?— sigue sin respuesta pública.
La inacción, en este caso, no es neutra. Es política.
Porque mientras esta causa de presunta defraudación millonaria al fisco transita un letargo difícil de justificar, el mismo fiscal ha mostrado en otros expedientes una celeridad notable, incluyendo el dictado de prisiones preventivas prolongadas para delitos menores, muchas veces vinculados a sectores sociales vulnerables. La asimetría no pasa desapercibida: rapidez para juzgar a los débiles, parsimonia para con los poderosos.
No se trata aquí de prejuzgar culpabilidades, sino de señalar un patrón inquietante. La justicia penal no solo debe ser imparcial; debe también parecerlo. Y cuando la percepción pública empieza a inclinarse hacia la idea de una selectividad estructural, el daño institucional es profundo.
En Villa Nueva, la causa por las facturas apócrifas se ha convertido en algo más que un expediente judicial. Es un test sobre la capacidad del sistema para investigar al poder político sin concesiones ni demoras estratégicas. Cada día sin definiciones no solo erosiona la credibilidad de la investigación: también alimenta la sospecha de que, en ciertos casos, el tiempo no es un recurso procesal, sino una herramienta política.
El riesgo es conocido y, sin embargo, persistente: que la verdad no se archive por falta de pruebas, sino por exceso de paciencia.
Corruptos, deberían estar todos presos.
Si investiga Bosio, va a quedar todo en la nada. Ya demostró en las causas contra Accastello que es un cagon.
Que vergüenza la Justicia argentina.
Encubrimiento judicial
La mafia judicial y su impunidad, es total.
Para meter preso a Graglia, primero Bosio destituido. Son delincuentes todos!!!!
Hasta que no limpien la justicia está provincia va estar siempre de rodillas. Todo es tan burdo que da bronca y asco.