En la arena política de Villa María, la polémica sobre la residencia efectiva de varios ediles muestra, una vez más, cómo la letra de la ley y la práctica política suelen transitar caminos paralelos. Según el Artículo 123 de la Carta Orgánica Municipal, para ser intendente se requiere una residencia continua e inmediata de cinco años en el municipio.
Pablo Perret (Frente Cívico) y Manuel Sosa (Uniendo Villa María) han manifestado públicamente su intención de competir por la intendencia de Villa María en las próximas elecciones, mientras que Patricia Heredia (Hacemos Unidos por Villa María) también reside en Villa Nueva, aunque no ha expresado interés en postularse como intendente.
Todos ellos, según información pública y notoria, residen en Villa Nueva, donde conviven con sus familias y cumplen obligaciones fiscales. Paralelamente, perciben dietas millonarias –$4.1 millones de pesos mensuales– en Villa María, lo que plantea un verdadero dilema ético: cobrar por representar vecinos de un municipio donde no residen de manera efectiva no es solo una cuestión administrativa, sino una demostración de cómo los politicos se puede distanciar de la ciudadanía a la que dicen representar.
En particular, el peronista disidente Manuel Sosa ha negado públicamente residir en Villa Nueva, pese a que sus vecinos y registros demuestran lo contrario, un gesto que desnuda la audacia —y quizás el cinismo— de algunos actores políticos frente a la normativa que juraron respetar.
En el caso de Patricia Heredia, la contradicción es evidente. Esposa de Mario Valenti, ex titular de la Cooperativa de Aguas y Cloacas, su residencia en Villa Nueva era un dato público, sin misterio ni clandestinidad. Sin embargo, el intendente Eduardo Accastello, con tono de pureza institucional, salió a cuestionar públicamente la residencia de Manuel Sosa, exponiendo una doble vara. O acaso: ¿Accastello no sabía lo que sabía todo el mundo cuando incluyó a Heredia en su lista de concejales?
La distinción entre domicilio y residencia es clave. El domicilio puede ser un dato meramente formal, registrado en el documento; la residencia, indica el lugar donde efectivamente vive un individuo, independientemente del domicilio que aparezca en su documento.Los tres concejales pueden acreditar domicilio en Villa María, pero la residencia efectiva es en Villa Nueva. Esto abre la puerta a posibles impugnaciones, aunque también expone la lentitud y flexibilidad con que la política interpreta la ley cuando le conviene.
En definitiva, el domicilio y la residencia no necesariamente coinciden, ya que una persona puede residir en un lugar distinto al de su domicilio, tal es el caso de estos tres dirigentes.
Mas claro, imposible: la ley está, pero se usa a conveniencia y con total impunidad… En el medio, los vecinos pagan y miran, representados por dirigentes que viven en otro lado.