El pasado jueves 18, el Concejo Deliberante de Villa María fue escenario de un episodio que ocupó titulares, zócalos y horas de debate en los medios locales. Sin embargo, lo verdaderamente trascendente de esa jornada quedó cuidadosamente oculto bajo una puesta en escena funcional al poder.
Mientras las cámaras, micrófonos y comunicadores repetían al unísono la versión oficial de un supuesto “hecho de violencia institucional”, ningún medio oficialista explicó que en esa misma audiencia pública se estaba debatiendo la creación del ENDEMUR, un ente que administrará más de 3.600 millones de pesos sin control del Tribunal de Cuentas Municipal. Un dato menor para el periodismo complaciente; un dato central para cualquier democracia saludable.
El acuerdo político es claro: Eduardo Accastello designa al Director del ente y el Secretario de Turismo provincial, Darío Capitani, coloca los síndicos. La pregunta surge sola y no necesita adjetivos:
¿Alguien puede creer seriamente que Capitani ejercerá control sobre Accastello cuando ambos forman parte de una sociedad política bajo el paraguas del cordobesismo?
Pero el foco no estuvo ahí. El foco fue corrido.
Los protagonistas del escándalo mediático fueron el ex candidato a intendente Alejandro López y el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Inglese. López se acercó al estrado y pronunció una frase incómoda, sí, pero humana: “Apagá el micrófono… tratame bien, somos seres humanos”.
La respuesta de Inglese fue inmediata y desmedida: habló de amenazas, de amedrentamiento, de judicialización y de un supuesto ataque a un “proyecto político que gobierna hace veinticinco años”. Una afirmación reveladora: no defendió al Concejo como institución, defendió un proyecto de poder.
Luego vino el libreto completo. El Concejo Deliberante repudió el hecho —con el radical Felipe Botta sumándose disciplinadamente al oficialismo— y se difundió un comunicado titulado “Repudiable hecho de violencia institucional”, replicado sin una sola pregunta incómoda por gran parte de la prensa local. Incluso hubo quienes hablaron de “atentado a la democracia”, negándole a López el elemental derecho a réplica.
Pero la historia no termina ahí.
En las últimas horas comenzó a circular por grupos de whatsApp un hecho que desnuda con crudeza la doble vara del presidente del Concejo Deliberante: Juan Pablo Inglese utilizó la sede legislativa para festejar su cumpleaños con periodistas amigos, celebración incluida y transmitida por YouTube. No fue en la vereda, ni en un despacho personal. Fue dentro del Concejo Deliberante.
Entonces cabe una pregunta inevitable:
¿El atril es un espacio sagrado al que un ciudadano no puede acercarse, pero el recinto legislativo sí puede convertirse en un salón de festejos personales?
Inglese sostiene que el Concejo no es lugar para “subjetividades”. Sin embargo, ¿qué hay más subjetivo, más personal y más ajeno a la vida institucional que celebrar un cumpleaños en la casa de la democracia local?
El contraste es obsceno:
Se condena un gesto incómodo de un ciudadano y se banaliza el uso del Concejo para celebraciones privadas.
Se habla de respeto institucional mientras se administra discrecionalmente el espacio público y la pauta oficial para disciplinar medios.
Se grita “violencia” para tapar 3.600 millones de pesos sin control.
No se trató de un micrófono, ni de un cruce verbal. Se trató de cómo se construye el relato oficial para proteger al poder, de cómo se corre el eje del debate, y de cómo una parte del periodismo local decide mirar para otro lado.
Porque cuando el escándalo tapa el negocio, el problema no es el escándalo.
El problema es el negocio.
Me avergüenza como radical ver a Felipe Botta pegado a Capitani. No le hace honor a su apellido.