Ayer por la mañana se llevó a cabo la Audiencia Pública convocada para escuchar la opinión de los vecinos sobre la creación del Ente de Movilidad Urbana (ENDEMUR), un organismo municipal impulsado por el intendente Eduardo Accastello que, de acuerdo al proyecto aprobado en primera lectura, manejaría un presupuesto cercano a los 3.600 millones de pesos.
El primer dato que expone el desinterés oficial por la participación ciudadana fue el retraso: la audiencia, pautada para las 9, comenzó con 40 minutos de demora. El segundo dato, aún más elocuente, fue la escasa concurrencia: solo dos vecinos hicieron uso de la palabra, el ex candidato a intendente Alejandro López y el periodista Gabriel Correa.
Durante la exposición de López se produjo un intercambio con el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Inglese. El momento fue registrado en video y muestra con claridad un diálogo firme pero respetuoso, sin insultos, sin agresiones y, sobre todo, sin violencia. Sin embargo, horas más tarde, ese episodio fue deliberadamente sobredimensionado.
Finalizada la Audiencia Pública y ya iniciada la sesión ordinaria del día jueves, la concejala oficialista Yaslil Oses pidió que el cuerpo se expidiera sobre lo ocurrido. Lo llamativo fue que, inmediatamente después, el concejal de la UCR, que responde a Capitani, Felipe Botta, en representación del bloque opositor, se sumo al repudio calificando el hecho como “violento”. Una afirmación que no resiste el menor contraste con las imágenes disponibles.
A partir de allí, los medios afines al gobierno municipal —los mismos que subsisten gracias a la millonaria pauta oficial— montaron un escándalo artificial. Titulares rimbombantes, editoriales indignadas y una operación mediática burda tuvieron un único objetivo: correr el foco del debate y evitar hablar de lo verdaderamente importante.
La cuestión de fondo es mucho más grave. Se pretende crear un ente que administrará el aeropuerto… sin aviones. Un organismo que abrirá la puerta a la creación de cargos políticos, que serían ocupados por nombres consensuados entre Eduardo Accastello y Darío Capitani. Un ente con un presupuesto multimillonario, con síndicos designados por el Ejecutivo en acuerdos políticos con la oposición, sin controles reales ni independencia.
Como si esto fuera poco, en la misma sesión se aprobó que hasta 1.500 millones de pesos puedan ser ejecutados sin licitación. Una decisión que, en un contexto de ajuste, crisis económica y demandas sociales insatisfechas, resulta cuanto menos escandalosa.
Nada de esto fue tapa. Nada de esto fue analizado con profundidad por los medios oficialistas. En su lugar, prefirieron fabricar un episodio violento inexistente para deslegitimar una voz crítica y distraer a la opinión pública.