El concejal Manuel Sosa volvió a hacer de las suyas en redes sociales, difundiendo un vídeo donde denuncia lo que él llama “un convenio caro, irregular y sin transparencia” entre el municipio y un privado para la instalación de la sede de la Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA). Según Sosa, “detrás de una buena acción se esconde un negocio” y alertó sobre un supuesto sobreprecio: un alquiler cercano a los 300 millones de pesos, con intereses usureros, sin documentación que acredite la propiedad y, por supuesto, sin pasar por el Tribunal de Cuentas.
Hasta aquí, podría parecer un acto de fiscalización… si no fuera porque Sosa omite deliberadamente un dato clave: el nombre del beneficiario del acuerdo. Una omisión que no es menor: la denuncia pública sin identidad del involucrado/a se transforma en un espectáculo mediático vacío, más útil al show político que al control real del dinero público.
Peor aún, Sosa, que cobra una dieta de 4.1 millones de pesos —más que el Presidente Javier Milei—, exhibe una cobardía sorprendente al no cumplir con su deber como funcionario público: llevar estas denuncias ante la justicia, donde realmente deberían tramitarse, y no limitarse a videos en redes sociales.
El concejal afirma además que la familia del privado lleva facturado más de 850 millones de pesos en contrataciones municipales durante los últimos dos años. Pero, Sosa calla el nombre del beneficiario y reduce su accionar a un circo mediático que, curiosamente, (de ser cierto) termina siendo funcional al oficialismo al distraer la atención de los mecanismos reales de control.
Lo único que logra el concejal con estas denuncias rimbombantes es encolerizar a los vecinos, no más que eso…La corrupción, señores, no se combate con likes en redes sociales: se enfrenta en la justicia, con pruebas, nombres y acciones concretas. Para eso cobran una dieta millonaria.