Un caso insólito y alarmante pone en evidencia hasta dónde es capaz de llegar el intendente de Villa María, Eduardo Accastello, para recaudar: una joven emprendedora, víctima del robo de su moto hace más de una década, hoy es presionada y bloqueada por la Municipalidad, que insiste en cobrarle multas prescriptas y una deuda correspondiente a un vehículo que ya no posee.
Todo comenzó en 2008, cuando esta trabajadora de comercio logró comprar con esfuerzo una Honda Biz 105 cc. En 2014, la moto le fue robada —curiosamente durante la misma gestión de Accastello como intendente, período en el que gobernó entre 2007 y 2015— y jamás fue recuperada. A pesar del robo, y de que el Estado municipal no hizo nada para garantizar su seguridad o recuperar el rodado, hoy pretenden cobrarle como si aún lo tuviera.
Durante los ocho años de gestión del ex intendente Martín Gill, nunca se notificó deuda alguna, ni se promovió juicio ni reclamo alguno. Es decir, los plazos de prescripción se cumplieron largamente y, legalmente, las multas perdieron vigencia. La joven solicitó la prescripción en la oficina de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, que conduce Victoria Poncio, y le fue negada.
Incluso cuando la mujer intentó dar de baja al vehículo robado, la Municipalidad se lo impidió por no contar con libre deuda. Gracias a un decreto reciente del presidente Javier Milei, el trámite ya no lo exige, y actualmente está en proceso de dar de baja la moto de forma definitiva.
Pero lo peor vino después: la vecina abrió un pequeño emprendimiento en barrio Centro, pagó la tasa correspondiente para la habilitación, pero el Municipio le niega el permiso bajo el argumento de no tener libre deuda del rodado. Lo más escandaloso es que ya pagó las multas exigidas —aun sabiendo que estaban prescriptas—, pero la Municipalidad insiste en cobrarle nuevamente y ahora pretende reclamarle los impuestos de todos estos años por un vehículo que permanece robado.
Como si no bastara el destrato institucional, el pasado viernes personal municipal se hizo presente en su local comercial para presionarla directamente, exigiéndole que “regularice” una situación que, en los papeles, ya está resuelta o nunca debió existir.
El doble discurso del intendente queda expuesto: mientras proclama querer una “ciudad más humana”, su administración ahoga a los emprendedores que sólo quieren trabajar, recurriendo a métodos extorsivos, prácticas abusivas y apelando a viejas mañas de un kirchnerismo que ya demostró su desprecio por la transparencia en la ciudad.
Accastello no sólo no pudo garantizar la seguridad cuando le robaron la moto, sino que ahora, años después, pretende castigarla por haber sido víctima, con el claro objetivo de meter la mano en el bolsillo de los vecinos, cueste lo que cueste. Si esto no es abuso de autoridad, ¿qué lo es?
No es moral. Quien escribió esto lo hizo desde la moral. Si te roban una moto igual debes pagar la patente.
Esta mal! Pero así funciona objetivamente el sistema capitalista, la salida no es individual, ni moral, ni institucional. La salida es política.
Dejen de votar a estos ladrones.