La respuesta de Marcos Tagni a la investigación publicada ayer por Soy Villa Nueva no hizo más que confirmar el escándalo que habíamos expuesto: el intendente Ignacio Tagni firmó un convenio millonario con un abogado amigo de la familia, vinculado al mismo estudio jurídico donde ejerció—y aún figura oficialmente— su madre, Nelly Graciela Pérez.
En su intento por desmentir lo publicado, Marcos, actual funcionario municipal, terminó reconociendo dos datos centrales:
- Que el abogado Héctor Rubén Oses cobra 800 mil pesos mensuales por brindar asesoramiento jurídico al municipio. Desde febrero hasta ahora, ya ha cobrado cerca de 5 millones de pesos. Si el proceso judicial que lleva adelante se extiende durante dos años, el monto total ascenderá a 19 millones 200 mil pesos. Por lo tanto, no hay dudas: se trata de un contrato millonario.
- Que su madre trabajó con Oses y que ambos compartieron —y según registros del Colegio de Abogados, aún comparten— el mismo domicilio profesional en calle General Paz 481 de Villa María. Es un hecho documentado.
Lo que Marcos no aclara es cómo se justifica, desde una mínima ética pública, que el intendente firme un convenio para destinar fondos municipales a un estudio jurídico que comparte domicilio profesional con su madre, y en el que tanto él como su hermano trabajaron antes de asumir funciones públicas. Es un escándalo político y un acto de evidente inmoralidad administrativa, que expone un manejo personalista de la cosa pública.
También resulta inadmisible que el funcionario intente desdramatizar la condonación de su propia deuda municipal, argumentando que una parte estaba prescripta y otra fue abonada “en efectivo”. Más allá de tecnicismos legales, lo que está en juego es la ética institucional: que un hermano condone —o se beneficie con un mecanismo especial— a otro hermano con poder dentro del municipio rompe todo estándar mínimo de integridad.
Además de haber sido beneficiado con la condonación de una deuda millonaria acumulada durante 12 años, Marcos Tagni fue designado en un cargo con el sueldo más alto dentro de la estructura municipal. Todo, financiado con el aporte de los vecinos que enfrentan “los impuestos más caros del país”, como denunciaba el propio Tagni en campaña. Resulta al menos vergonzoso que una jubilada que cobra la mínima cumpla con sus obligaciones, y no así un funcionario público.
En cuanto a la famosa auditoría a la gestión Graglia, la respuesta oficial sigue siendo la misma desde que asumieron hace más de dos años: “pronto habrá novedades”. Mientras tanto, lo único que hubo fueron anuncios. En 2024, una reconocida profesional de Ciencias Económicas consultada por este medio sostuvo que una auditoría completa podría realizarse en no más de tres meses, siempre que exista voluntad política. Pero el tiempo pasó y lo único que se consolidó fue el relato.
Tampoco convencen las explicaciones técnicas sobre el presupuesto. Marcos Tagni asegura que “nadie maneja dinero” y que todo pasa por la Secretaría de Finanzas. Pero lo cierto es que el poder real en el municipio está concentrado en un triángulo familiar: Ignacio Tagni como intendente, su hermano Marcos como funcionario clave, y Justina Pucci —pareja del intendente— como Secretaria General. Las decisiones importantes no se toman por automatismo administrativo: se toman entre personas con vínculos íntimos, que no rinden cuentas.
Lejos de despejar las dudas, la respuesta de Marcos Tagni las profundiza. Se confirma la contratación de un abogado cercano, la falta de transparencia en los montos, y el vínculo directo entre el estudio contratado y la familia del intendente. Además, se naturaliza un trato privilegiado en el manejo de deudas con el Estado y se postergan indefinidamente las auditorías prometidas desde el primer día.
No es ilegal contratar a conocidos. Pero sí es grave cuando se trata de fondos públicos, se oculta información, se beneficia a familiares y se elude todo tipo de control.
La transparencia no se declama: se ejerce. Gobernar con amigos y familiares puede ser legal, pero es profundamente inmoral cuando se hace a espaldas de la ciudadanía y sin mostrar un solo papel.