En un fallo sin precedentes, un hombre fue condenado a dos años, siete meses y 15 días de prisión efectiva por un acto de extrema crueldad contra un perro en Florencio Varela.
El agresor le había introducido un palo en la garganta al animal, causándole graves heridas. El caso fue denunciado por la ONG proteccionista PRODEA y tuvo la intervención de Zoonosis de Lomas de Zamora, que asumió la tutela judicial del perro y garantizó su recuperación veterinaria.
El hecho ocurrió el 21 de julio del año pasado y estremeció al barrio cuando los vecinos escucharon los desgarradores gritos del perro, luego bautizado como Rocky.
Las imágenes de su estado fueron clave como evidencia contra el agresor, quien tenía antecedentes por robo y ya había recibido una condena condicional previa. Ante esta situación, el Juzgado Correccional N°2 de Florencio Varela resolvió unificar las penas y ordenar su detención hasta septiembre de 2027.
Si bien este caso representa un paso adelante en la lucha contra el maltrato animal, evidencia también las falencias de la legislación vigente en Argentina.
La Ley 14.346, que pena los actos de crueldad animal, establece sanciones que van de 15 días a un año de prisión, un marco normativo completamente insuficiente para la gravedad de estos delitos. Esto significa que en la mayoría de los casos, los responsables no cumplen condenas efectivas y pueden reincidir sin mayores consecuencias.
A pesar del reclamo constante de organizaciones proteccionistas y de la sociedad en general, en los últimos años no se han logrado avances en la materia.
Con la llegada del gobierno de Javier Milei, tampoco se realizaron reformas para endurecer las penas por maltrato animal, dejando en evidencia que la protección de los animales no está en la agenda de las actuales autoridades.
El caso de Rocky es una excepción dentro de un sistema judicial que en la mayoría de las ocasiones no actúa con la celeridad ni la firmeza necesarias.
“El trabajo de la doctora Elba Tiburzi fue crucial para lograr la detención del agresor. Muchas veces, los juzgados no tienen claros los protocolos de actuación en casos de maltrato animal, lo que obliga a las ONG a intervenir para garantizar justicia”, explicó la abogada Marcela Loyola en diálogo con Agencia Fueros.
Mientras tanto, Rocky tuvo una segunda oportunidad gracias al refugio “Los guerreritos” de Lomas de Zamora, que difundió su historia y logró encontrarle un hogar definitivo.