El discurso de austeridad de los referentes de la oposición en Córdoba parece tener límites cuando se trata de su propio entorno. Mientras el diputado nacional Rodrigo De Loredo arremete contra el pase a planta de 5.000 empleados públicos dispuesto por el gobernador Martín Llaryora, su familia, la de su esposa y la de su socio político Luis Juez acumulan más de 20 cargos en la administración estatal, con sueldos que suman al menos $54 millones al mes.
La contradicción de De Loredo: empleo estatal para la familia, ajuste para los demás
Rodrigo De Loredo se muestra como un férreo opositor al “exceso de gasto público” y denuncia lo que considera una “casta enquistada en el Estado”. Sin embargo, su propio círculo familiar parece gozar ampliamente de los beneficios del empleo estatal.
Sus hermanos, cuñados y hasta los familiares de su esposa, Carolina Aguad, ocupan diversos cargos en organismos provinciales y nacionales. Desde la Municipalidad de Córdoba hasta el CONICET, pasando por el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura, la influencia de De Loredo se traduce en un entramado de nombramientos que contradicen su discurso.
Algunos ejemplos:
Su cuñada Sofía Aguad y su pareja, Marcos Rojas Moresi, son empleados municipales.
Su otra cuñada, María Dolores Aguad, trabaja en la Dirección de Administración del Poder Judicial.
Su hermano Gonzalo De Loredo y su esposa, Celina Amato, tienen puestos en la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET.
Su cuñado Juan José Rojas Moresi es presidente de la Cámara Décima del Crimen.
No solo los familiares directos de De Loredo están beneficiados. La empresa de su hermana Marcela De Loredo, Mate & Co, también ha recibido subsidios estatales.
Los Juez: otra familia que se enriquece con el Estado
Luis Juez, senador y socio político de De Loredo, también predica un discurso de austeridad que no se refleja en su entorno. Al menos nueve familiares directos ocupan cargos en distintos niveles del Estado.
Su hijo Martín Juez Corte pasó del Consejo de la Magistratura al Concejo Deliberante y ahora es empleado municipal. Su hija María Agustina Juez Corte trabaja en el Consejo de la Magistratura. Sus hermanas, Marcela y Marta Juez, tienen puestos en los Ministerios de Educación y Salud. Su hermano mellizo, Daniel Juez, dejó el ERSEP para asumir como legislador provincial.
A estos casos se suman cuñados, sobrinos y otros parientes con sueldos estatales. Entre De Loredo y Juez, el clan opositor suma un total de 21 personas empleadas en la administración pública, con salarios que alcanzan los $53.779.265 al mes.
El discurso de la austeridad como fachada
La hipocresía de De Loredo y Juez queda al descubierto cuando sus propios familiares son parte del mismo sistema que ellos dicen combatir. Mientras denuncian el pase a planta de empleados que han trabajado años en el Estado, sus allegados gozan de estabilidad laboral y altos salarios sin cuestionamientos.
La estrategia es clara: señalar el gasto público cuando no les conviene, pero beneficiarse de él en silencio. En tiempos donde la política exige coherencia, la doble vara de la oposición en Córdoba expone un oportunismo difícil de disimular.
Fuente: El Disenso