En Villa María, el Ejecutivo municipal parece tener dos varas para medir. Mientras que un vecino humilde, Ricardo Rivarola, se encadenó en Tribunales exigiendo respuestas tras ser obligado a pagar una multa de más de un millón de pesos para recuperar su moto, la concejal del PRO, Natalia González, fue captada estacionando en un espacio reservado para personas con discapacidad pero sin que se le aplicara sanción alguna.
Rivarola denuncia que su calvario comenzó tras haber señalado irregularidades en la construcción de la escuela PROA dentro del Campus de la UNVM. Desde entonces, afirma haber sido víctima de una serie de hostigamientos, incluyendo el secuestro de su moto bajo circunstancias dudosas. Al acudir al Juzgado de Faltas en busca de explicaciones, no obtuvo respuestas. “Voy a venir todos los días hasta que mi causa avance”, expresó el vecino, desesperado por la injusticia que enfrenta.
En un contraste indignante, la concejal Natalia González fue fotografiada estacionando su vehículo en un espacio exclusivo para personas con discapacidad. A pesar de las pruebas, las autoridades locales –entre ellas la titular de Seguridad Ciudadana, Guadalupe Vázquez, y el intendente Eduardo Accastello– no han tomado medidas sancionatoria alguna.
Esta disparidad en la aplicación de las normas pone en evidencia la desigualdad en el trato a los ciudadanos. Mientras Rivarola debe enfrentarse a una burocracia que lo asfixia con una sanción desproporcionada, la edil parece gozar de inmunidad ante una infracción evidente. ¿Por qué el municipio actúa con tanta severidad contra un vecino de a pie y con tanta indulgencia hacia una funcionaria pública que percibe una dieta millonaria?
