Este fin de semana, un grupo de cinco adolescentes –tres chicas y dos chicos– denunció haber sido discriminado en el boliche Perro Negro, ubicado frente al supermercado Chango Más, donde durante años funcionó Ciro. Según relataron los jóvenes, el guardia de seguridad les impidió el ingreso alegando órdenes directas del dueño, sin brindar un justificativo, mientras que otros grupos de jóvenes sí ingresaban al lugar.
La situación tomó mayor relevancia tras conocerse que Perro Negro habilita listas de ingresos a funcionarios del intendente Ignacio Tagni para facilitar el acceso a sus allegados. Por ejemplo, el secretario de Gobierno, Amael Saul, habría inscrito a un grupo de amigos para la fiesta de Año Nuevo, utilizando este privilegio. Además, se señala que la seguridad del boliche está a cargo de una empresa propiedad de un funcionario relacionado con Seguridad Ciudadana.
Estas acciones despiertan cuestionamientos éticos y políticos. En el caso de Saul, quien lidera la cartera responsable de controlar el funcionamiento de los boliches de la ciudad, se lo acusa de incurrir en “dádivas”, beneficiando a su círculo cercano mientras debería garantizar la equidad y el cumplimiento de normas en dichos espacios.
La gestión de Ignacio Tagni es señalada por desmantelar organismos clave para la defensa de los derechos de los ciudadanos. La Secretaría de Derechos Humanos fue eliminada y la Defensoría del Pueblo permanece vacante desde su ingreso al gobierno, dejando a los vecinos en una situación de desprotección frente a casos como este.
Este episodio en Perro Negro no solo evidencia posibles prácticas discriminatorias en Villa Nueva, sino también un entramado político que mezcla intereses personales con el rol de funcionarios públicos. Mientras tanto, los adolescentes afectados evalúan los pasos a seguir.