El Tribunal de Cuentas de Córdoba freno la asignación de pauta oficial del gobierno de Martín Llaryora a la emisora local Radio Villa María, por un monto de 20 millones de pesos, debido a presuntas incompatibilidades. Un poco de historia para contextualizar:
Desde que la emisora dejó de pertenecer a su histórico propietario Roberto Kfuri el 26 de abril de 2010, según el Boletín Oficial de Córdoba, experimento varios cambios en su estructura societaria. Inicialmente, Kfuri vendió la radio a una sociedad integrada minoritariamente por Miguel Ángel Borsatto y Alberto Lattanzi, y mayoritariamente por el comerciante cordobés Jorge Rubén Lago. No obstante, esta sociedad tuvo una corta duración y en septiembre del mismo año, Lago y Lattanzi vendieron sus acciones al ingeniero villamariense Gerardo Raúl Varetto.
Varetto, fue señalado por los empleados de La Mañana de Córdoba como supuesto testaferro del intendente Eduardo Accastello, y también fue propietario de la empresa dueña del diario que dejó a unos 60 trabajadores en la calle tras su cierre en 2016. La relación entre Varetto y Accastello fue denunciada en la Justicia local por el ex legislador Orlando Enrique Sella, en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito contra Accastello, la cual aún permanece “quieta” en la Fiscalía de la Dra. Juliana Companys.
Posteriormente, la emisora fue adquirida por el empresario cordobés Bernardo Sosa Barreneche, hermano del actual Subsecretario de Pequeñas y Medianas Empresas del gobierno de Martín Llaryora, Cristian Segundo Sosa Barreneche. Este vínculo familiar es uno de los principales argumentos del Tribunal de Cuentas para frenar la contratación de publicidad oficial a la Radiodifusora Villa María.
El Tribunal de Cuentas provincial argumenta que existe una incompatibilidad legal debido a que Radiodifusora Villa María pertenece al grupo Apolo, el cual controla varias emisoras, entre ellas Radio LV28 Villa María, cuyo titular es Bernardo Sosa Barreneche. La vocalía de la mayoría del Tribunal de Cuentas señala que Cristian Segundo Sosa Barreneche, actual funcionario, tiene vinculación directa con este grupo, ya que fue su representante en diversas audiencias legales durante 2023 y su director desde 2022.
Además, se hace referencia al artículo 265 del Código Penal de la Nación, el cual establece sanciones para funcionarios públicos que se interesen, directa o indirectamente, en contratos u operaciones en los que intervengan debido a su cargo. El Tribunal de Cuentas también constató que Cristian Segundo Sosa Barreneche es socio de la firma Giro Antenas S.A., un medio de comunicación incluido en la contratación cuestionada.
Desde el Gobierno de Córdoba, por su parte, dijeron que están solicitando información adicional sobre el caso.