El pasado viernes 26, integrantes de Vecinos Autoconvocados en Defensa del Patrimonio Comunitario de Villa María, la Asociación Jubilados de Argentina (AJA), y el Centro de Jubilados Municipales de la Provincia de Córdoba se reunieron para abordar el preocupante aumento de la Tasa de Servicios a la Propiedad impuesto por el intendente Eduardo Accastello.
En la reunión, el Abogado Ángel Sosa y el Contador Marcelo Barotto presentaron elementos jurídicos y contables que respaldan la denuncia de inconstitucionalidad de la decisión tomada por el Poder Ejecutivo Municipal.
Los vecinos de Villa María han recibido cedulones con incrementos promedio del 300%, y algunos casos superan ese porcentaje. Según la Ordenanza N° 8010, el presupuesto para el 2024 contempla un aumento del 94% en la “Tasa de Servicio a la Propiedad del Ejercicio”, establecido por el Concejo Deliberante.
Sin embargo, el Ejecutivo emitió boletas con aumentos promedio del 300%, llegando incluso al 400% y 600% en algunos casos, contradiciendo el tope del 200% fijado por el Decreto del 28/12/2023.
Los ciudadanos se enfrentan a exacciones abusivas del Estado Municipal, justificadas por la falta de revaluación de propiedades desde 2016. La tarifaria establece un Coeficiente de Ajuste de Valuación (CAV) basado en criterios comerciales, resultando en abusos para propiedades destinadas a uso residencial.
El aumento desproporcionado no se condice con la calidad de los servicios municipales, evidenciando la falta de transparencia y austeridad. Aunque el Intendente Accastello justifica el incremento por el alto costo de la mala gestión anterior, los vecinos se ven afectados en medio de la crisis económica actual.
La Auditoría General, a cargo del gillista, Rafael Sachetto, lejos de cumplir su rol de fiscalización, ignora los reclamos ciudadanos sobre abusos municipales. La falta de criterios lógicos en el revalúo y rezonificación de propiedades refleja arbitrariedad y exceso de poder por parte del Ejecutivo.
Los vecinos, jubilados y asalariados, se ven afectados por aumentos que doblan los de la provincia y triplican los de otras ciudades. El gobierno, al comunicar el aumento a través de los medios, enfatiza los gastos de la administración anterior sin una auditoría independiente.
Los ciudadanos, indignados, no están dispuestos a financiar una fiesta a la que no asistieron. Evalúan medidas y acciones futuras para revertir esta decisión arbitraria del Ejecutivo.