Aunque una ley (25.689) obliga al Estado nacional a ocupar personas con discapacidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal. Incluso la provincia de Córdoba hace una excepción, aumentando ese cuatro por ciento (4%) al cinco por ciento (5%). Con el único requisito de que la persona reúna condiciones de idoneidad para ocupar el cargo.
Pese a ello, el gobierno del intendente Natalio Graglia, incumple esta normativa.
No así el cupo laboral trans, impulsado por ordenanza inspirada en el decreto presidencial 720/2020, firmado por Alberto Fernández en 2021, que establece garantizar el uno por ciento (1 %) de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénico.
En ese sentido, Graglia incorporo la primera trabajadora trans en enero de 2022 y mantiene tratativas con referentes del colectivo LGTBIQ+ para ampliar la planta municipal.
El ejecutivo en vez de cubrir las vacantes mediante concurso, como marca la ley, se ha caracterizado por realizar designaciones a dedo. Muchas veces premiando la militancia partidaria con cargos públicos. Ampliaremos…